GlocalPressUrjc

Menú principal

Se encuentra usted aquí

La universidad no quiere sumar

Reportaje
Universidad. Nuevas herramientas
Un grupo de estudiantes, en una manifestación reciente
Aulas vacías, campus vacíos, universidades en las que el único ruido que se oiga sea el de los pasos de los trabajadores que están cumpliendo servicios mínimos. Ese sería, a grandes rasgos, el escenario ideal de la huelga del 24 de marzo contra el llamado decreto 3+2. Al menos para los convocantes. Si se pregunta al ministerio, obviamente, la respuesta será antagónica. ¿Qué sucede en la universidad española? ¿Porqué por primera vez el Gobierno ha conseguido llevar de la mano a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios? ¿Qué está en juego?
 
Las preguntas no tienen una única respuesta. Como todo, la contestación dependerá de a quién se pregunte. Eso sí, todas serán críticas con el nuevo formato que quiere imponer el Ministerio de Educación. Al menos en los campus públicos, en donde se intuye que la reforma no será sino un paso más hacia la privatización de la educación superior. Algo similar a lo que ha sucedido en la Sanidad o en la Educación no universitaria, pero con un añadido: la universidad, si no lo es ya, será un bien de lujo.
El sistema Bolonia implantó en España un nuevo modelo universitario basado en grados de cuatro años y másteres de uno. Un modelo que fue duramente criticado (en buena parte con los mismos argumentos que ahora) por la estandarización de la formación que se recibía y por ser una educación universitaria ‘básica’. Ahora, la medida aprobada por el Gobierno el pasado 30 de enero no viene sino a ahondar en ese escenario: las universidades españolas podrán decidir si incluyen en su oferta académica grados universitarios de entre 140 y 280 créditos ECTS, en lugar de los 240 que se exigen ahora. Es decir, y siguiendo el argumentario redactado en Moncloa, una “flexibilización” de la oferta académica que permitirá ahorrar a las familias españolas 150 millones de euros.
 
Pero esa flexibilización tiene ‘truco’: para acceder a los estudios de doctorado se tendrá que haber superado un mínimo de 300 créditos, lo que obliga a cursar un master de dos años de duración. ‘Obligación’ que también será recomendable para todos aquellos universitarios que no quieran salir con unos estudios demasiado básicos. Y todo a precio de master, es decir, bastante más caro que un grado.
 
"Es una vergüenza"
Los estudiantes lo tienen claro: “Es una vergüenza que lo que se tenga en cuenta a la hora de acceder a un estudio universitario sea la renta económica”. Lo dice Ana Bruna, alumna de la Universidad de La Rioja y portavoz de la Asamblea de Estudiantes. Desde su punto de vista todo es un proceso de mercantilización y de exclusión en el que no se tiene en cuenta los resultados académicos: “No se tiene en cuenta el desarrollo educativo. Yo puedo ser mucho más capaz que otra persona y no poder acceder a la universidad por una cuestión puramente económica y alguien que no sea tan capaz, pero tenga dinero, no tendrá problema en acceder a esos estudios”.
 
Así, la universidad completará un viaje en el tiempo para volver a los años 70 y principios de los 80 en los que era un producto de lujo solo asequible a los bolsillos más adinerados, es decir, a los de las clases más altas de la sociedad. “Es una manera de que la educación solo llegue a las clases más altas de la sociedad y de excluir a los hijos de los trabajadores de ese formación”, lamenta la voz de los estudiantes. 
La reforma, si algo ha conseguido, es unir a la comunidad universitaria. En su contra, claro. Los rectores, a través de la CRUE, la conferencia que los reúne, aseguraron que provocará "contradicciones y confusiones" para los alumnos y la sociedad por el hecho de que un mismo título pueda tener diferente duración en una universidad y otra.
 
También los profesores rechazan los cambios introducidos en las últimas normas elaboradas por el Ministerio. Su protesta no sólo es contra el decreto del 3+2, sino que la hacen extensiva a las normas que van a regular el acceso al cuerpo docente universitario y el sistema de reconocimiento y acreditación de universidades. Miguel Ángel Muro, profesor de Filología Hispánica de la Universidad de La Rioja, cree que la huelga está doblemente justificada. “Por un lado, porque se están perdiendo puestos de trabajo entre el profesorado y no podemos seguir así y porque esos nuevos decretos no incluirán la carrera profesional y la evaluación será peor”. Pero ese no es el más grave: “Se está perdiendo calidad en la enseñanza. Hay menos profesores con la misma o más tarea que antes. Es una vía para ir debilitando lo público”.
 
 
Pero en la comunidad universitaria duele, sobre todo, la unilateralidad de todas las decisiones que se adoptan Madrid y que, dice Muro “va a perjudicar a la universidad pública favoreciendo a las privadas. No podemos aceptar más reformas impuestas sin el consenso de la comunidad universitaria”.
 
El mapa universitario no quedaría completo sin escuchar al personal de administración y servicios (PAS). A priori, cualquier reforma que abunde en el sistema puramente educativo no tendría que afectarles… ¿o sí? Jesús Bujanda, trabajador de la UR y representante sindical, lo tiene claro. “Sí”. Su argumentación es contundente: “No hay una afección directa sobre el colectivo del PAS… pero si nosotros nos dedicamos a la gestión y el 3+2 supone una desregularización de lo que existe, menos dinero para las universidades públicas, menos alumnos y menos profesores, no se necesitará tanto PAS”.
 
El futuro es incierto para todos ellos. Confían en una marcha atrás, en una contrarreforma de la reforma que, en el peor de los casos devuelva a la universidad al escenario inicial de Bolonia. Mientras tanto, Ana Bruna seguirá yendo a clase; Miguel Ángel Muro las seguirá impartiendo; y Jesús Bujanda hará todo lo posible para que uno y otro solo se tengan que preocupar de aprender y de enseñar. 
Desarrollo en Drupal por Suomitech