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LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PP NO SALE ADELANTE DEBIDO AL DESACUERDO ENTRE PARTIDOS

Crónica
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Pleno Ayuntamiento de Leganés día 28 de febrero modificación presupuestaria
Pleno en el Ayuntamiento de Leganés. Foto: Ser Madrid Sur
El pasado 28 de febrero tuvo lugar en la Casa Consistorial de Leganés una sesión de Pleno ordinario en la que se debatieron los ajustes presupuestarios del municipio para el próximo año. El Partido Popular sometió a votación una modificación presupuestaria de 8 millones de euros para subsanar los gastos municipales básicos. Tras un intenso debate en el Ayuntamiento, el desacuerdo entre los principales grupos políticos llevó al rechazo de la propuesta.

La única manera de que el Ayuntamiento siga funcionando es aplicar dichos cambios a los presupuestos, según el partido gobernante en Leganés. Sin embargo, el Partido Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Unión por Leganés no lo conciben de la misma manera. Al no haber acuerdo entre los grupos políticos, no se dio luz verde a la propuesta; por ello, peligran las nóminas de los trabajadores locales, el alumbrado o la calefacción en los colegios públicos, entre otros gastos.

El reparto inicial de los 8 millones de euros que ideó el PP incluía 3,1 millones para el salario del personal dependiente del Ayuntamiento; 3,2 millones para pagar las deudas y los intereses del municipio; y 1,5 millones destinados al suministro de calefacción, electricidad y agua de uso público; 218.000 euros para impedir el cierre de la Ciudad Deportiva de La Fortuna; y los últimos 177.000 euros para evitar la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles en un 50%.

Los partidos opositores alegaron diferentes motivos por los que no aceptaban la modificación presupuestaria. Los acuerdos establecidos en los presupuestos del año pasado por parte del Partido Popular, que gobierna en minoría, no se han visto cumplidos. Por esta razón, la portavoz adjunta del PSOE, Emilia Quirós, recrimina al ejecutivo popular haber abusado de su confianza. Según sus propias palabras, el alcalde de Hacienda “ha tirado la economía de este Ayuntamiento por la ventana y, en un año y medio, nos está llevando a la ruina”.

Los representantes de Unión por Leganés también se sumaron a la opinión del PSOE. Carlos Delgado, portavoz de ULEG, cree que el municipio no precisa una modificación, sino un plan económico-financiero efectivo. Por su parte, Izquierda Unida centró sus argumentos en los 38 trabajadores interinos que fueron despedidos en enero. Raúl Calle, portavoz de este partido, recordó que "lo que hace falta es un Gobierno que dé respuesta y reincorpore a los trabajadores", algo a lo que se ha comprometido el PP.

Ante este aluvión de críticas recibidas por parte de la oposición, el Partido Popular se defendió diciendo que los tres partidos anteponen las estrategias políticas a los intereses de los ciudadanos. Alejandro Martín, concejal de Hacienda del Ayuntamiento, afirmó que dichos partidos "votan contra el sentido común, de la ley y de los ciudadanos para boicotear y destruir esta ciudad". Por su parte, la interventora municipal, Belén Perea explicó las razones por las que es imprescindible la modificación presupuestaria en Leganés. 

Será necesario esperar para saber si finalmente se cumplen las predicciones del PP con respecto a la supresión de algunos gastos públicos municipales. Sin embargo, los ajustes presupuestarios no fue el único tema que se trató durante la sesión plenaria.

Medidas como el impuesto de construcciones, instalaciones y obras o la gestión y recaudación de tributos fueron aprobadas, a pesar de la abstención de ULEG. Por otro lado, la regulación de las terrazas de hostelería salió adelante con más dificultad debido a la oposición de ULEG y la abstención de PSOE e IU. Las ordenanzas municipales aprobadas en el pleno reflejan una clara preocupación del gobierno de Leganés por los intereses de sus conciudadanos. 

 

 

Comentarios

Que se intente aumentar el presupuesto en 8 millones de euros y que mientras tanto se despida a 38 trabajadores no se entiende en un estado de derecho. El señor alcalde prometió que los readmitiría tras firmar un acuerdo con el Canal de Isabel II, pero parece que estos ingresos no solo no sirven para lo prometido, sino que tampoco es visto como muy legal por la oposición.

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