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¡Basta ya! No más tijeretazos en educación

Opinión
Educación
Recortes, educación
Cartel de protesta contra los recortes
La previsión del cierre de más de una docena de centros escolares el curso que viene, en la Comunidad de Madrid, es una de las últimas medidas tomadas por la consejera de educación del Partido Popular, Lucía Fígar.

Ante esta situación, más de una veintena de padres y madres afectados por esta medida han decidido salir a las calles e incluso acampar en ellas; como ha ocurrido en Leganés o Fuenlabrada, donde han acampado en la Plaza de España para protestar por esta decisión que afecta a miles de personas, padres, madres y alumnos. Además, los afectados han resaltado que con este nuevo cambio se les está negando el derecho de libre elección de centro para sus hijos. A estas protestas se ha unido CCOO, que acusa al Gobierno Regional de “abrir y cerrar colegios como si de mercerías se tratasen”.

Esta decisión supone el fin de algunos colegios y un retraso en la educación pública. No todo queda aquí, sino que la consejera de educación y el partido político al que corresponde, se dedica a cerrar colegios de Educación Infantil, Primaria y secundaria pero sí mantiene las subvenciones a colegios concertados que generalmente segregan por sexo y son pertenecientes al Opus Dei. Las quejas contra el sistema educativo no cesan, pero ellos, los que dicen ser portavoces de los españoles, son los principales causantes del declive de la educación pública en España.

En su defensa, Figar ha señalado: “Algunas fusiones están absolutamente justificadas por la matrícula que reciben, por cercanía con los centros públicos que van a ser fusionados”, además asegura: “Creo que no somos sospechosos de no apostar por infraestructuras públicas”. El portavoz de Educación asegura que ninguna fusión será del 100%, y que la distancia entre los centros no pasará de 600 metros, lo que no supondrá un problema para las familias de desplazamiento.

Pese a sus intentos de convicción, Figar no ha conseguido el apoyo ni de los padres ni de las federaciones educativas. Esto se debe a que, por el momento, no se ha justificado el hecho de que los colegios concertados y religiosos sigan recibiendo una ayuda económica, lo que supone, que una vez más los recortes afectan solo a la Educación Pública.

Bajo el eufemismo de “reestructuración”, poco a poco la privatización va ganando terreno en todos los ámbitos sociales y los afectados tienen que salir a la calle para luchar por los derechos que quieren arrebatarles. Esta decisión injusta sólo contribuye y acelera el deterioro de la enseñanza pública, un derecho de todos los ciudadanos.

Sin duda, esta privatización encubierta por parte de la consejería madrileña no hace más que aumentar la crispación de la gente. Se trata de una acción muy cuestionable que demuestra una vez más las intenciones de este Gobierno, que no son otras que llevar a cabo una privatización de todo lo que huela a público, y si para ello tiene que cerrar colegios, hacer desplazarse a niños de 2 años más de dos kilómetros todas las mañanas y aumentar más aún si cabe los problemas de las familias españolas no va a tener reparos en hacerlo. Camuflar el término “cierre” en “fusión”, no es la solución. Lamentable

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