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VIDEOANÁLISIS. ¿Coslada intoxicada?

Reportaje
Sociedad
La Policía Local tuvo que intervenir la pasada semana en un establecimiento de Coslada, de donde se retiraron más de 800 productos caducados. Igualmente, los agentes de la autoridad constataron que en el local se vendía tabaco de contrabando. El ruido y la suciedad son constantes en la zona. Las quejas de los vecinos fueron las que detonaron el operativo policial.

 

 

La Carta Magna (art. 43) reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

El ordenamiento jurídico en su conjunto reconoce y trata de proteger efectivamente el derecho a la seguridad alimentaria; entendiendo como tal el derecho a conocer los riesgos potenciales que pudieran estar asociados a un alimento y/o a alguno de sus componentes; el derecho a conocer la incidencia de los riesgos emergentes en la seguridad alimentaria y a que las administraciones competentes garanticen la mayor protección posible frente a dichos riesgos.

Dentro del Código de Control Sanitario, concretamente en el punto 19, que hace referencia a la materia del Real Decreto sobre inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorio, se establece las cinco funciones que debe desempeñar el inspector. Dentro de estas, la tarea número 3 recoge lo siguiente: “Los materiales y los reactivos químicos se etiquetan correctamente y se almacenan a las temperaturas adecuadas, teniéndose en cuenta las fechas de caducidad. Las etiquetas de los reactivos deben indicar su origen, identidad, concentración y demás información pertinente”.

Asimismo, en el punto 47 de este Código del Control Sanitario, en el cual queda recogida la Ley 28/2015 para la defensa de la calidad alimentaria, se trata de nuevo la caducidad con respecto a las actuaciones de los inspectores de sanidadLas medidas cautelares adoptadas por los funcionarios inspectores deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas, en un plazo no superior a quince días por la autoridad competente. En caso de alimentos perecederos, el inspector deberá tener en cuenta la caducidad de los mismos, reflejando en el acta la reducción del plazo de forma motivada y adaptado a su caducidad. Transcurrido el citado plazo habrán de levantarse si no se ha acordado ya la iniciación de procedimiento sancionador”.

Como observamos, la legislación protege a los consumidores de amenazas a la salud pública en materia alimenticia y también contra prácticas como el contrabando de tabaco. Sin embargo, pese a que la letra de la ley es clara, casos como el de Coslada ponen de manifiesto que la realidad es bien distinta. Son necesarias más inspecciones y controles efectivos que no pongan en riesgo la salud de todos. 

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